En el mundo contemporáneo la masiva participación de las entidades y compaías en los tráficos económicos y jurídico lleva a no pocos sistemas a cuestionar el tradicional principio Societas delinquere non potest. Esto genera la necesidad de articulación yo adaptación de las correspondientes categorías conceptuales que aseguren el respeto, también para las personas jurídicas, de las garantías procesales y sustantivas que han de regir la exigencia de responsabilidad penal.La acomodación de las categorías tradicionales del delito a esta nueva realidad no constituye el único desafío político-criminal en este mundo cada vez más globalizado, donde las prioridades son marcadas, en no pocos ámbitos, desde las agencias supranacionales de carácter mundial o regional, como en la Unión Europea. Este es el caso del tráfico y trata de seres humanos, la delincuencia organizada y la cibercriminalidad, cuestiones penales y criminológicas de la mayor actualidad que requieren para su apropiado abordaje un
